La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó a las revelaciones de la Oficina del Inspector General (OIG), que identificó posibles irregularidades en contratos y salarios que beneficiaron a una exfuncionaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y su empresa familiar, por un total que supera los $11 millones.

González fue enfática en que el caso no involucra a su administración y recalcó que la persona señalada ocupó el puesto durante la gestión de la pasada secretaria del DTOP.

“Quiero dejarlo bien claro para efectos de récord esto ocurrió bajo la administración de la pasada secretaria. Esa persona no es de mi administración. Aquí ese tipo de conductas no se pueden permitir y que le caiga todo el peso de la ley”, subrayó.

La mandataria agregó que no pondrá en riesgo la confianza federal ni el acceso a fondos por actuaciones individuales y adelantó que su gobierno respaldará cualquier medida legal que surja del proceso de investigación.

“No voy a poner en riesgo fondos federales por nadie, ni por un secretario, ni por un funcionario. Cuando las agencias determinen si habrá radicación de cargos o sanciones, vamos a respaldar esas medidas”, sostuvo.

Por su parte, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, coincidió en que los hechos investigados no ocurrieron bajo su dirección. Explicó que la exfuncionaria fue nombrada un día antes de que él asumiera como director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y que desde entonces reportaba directamente a la entonces secretaria de Transportación y Obras Públicas.

El informe de la OIG concluyó que la exempleada ocultó sus intereses privados y que, desde su cargo de confianza, intervino en procesos donde existía un claro conflicto de interés, beneficiando a su empresa y a su esposo mediante subcontratos en el DTOP y la ACT. El caso permanece bajo investigación para determinar posibles cargos o sanciones adicionales.

Con este pronunciamiento, la gobernadora marcó distancia de la pesquisa y reiteró que su administración no tolerará actos de corrupción ni conflictos de interés en el uso de fondos públicos.

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